La Federación Española de Síndrome de Down (Down España), elevó su protesta contra las aún vigentes normas abortistas en España, porque resulta "inadmisible que la ley posibilite una interrupción del embarazo (aborto) llevada a cabo por el hecho de que el feto tenga una discapacidad".
De acuerdo a la actual legislación española, en el artículo 15, inciso b, uno de los supuestos para poder acabar con la vida de un niño por nacer es la presencia de "graves anomalías en el feto".
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Para Down España, esto constituye una discriminación por motivo de discapacidad, "ya que en el caso en que la detección prenatal diagnostique una posible discapacidad, la mujer dispone de plazo hasta la semana 22 para abortar".
Tras el anuncio del gobierno de Mariano Rajoy de modificar la ley del aborto, la organización defensora de las personas con discapacidad pidió que la nueva norma "otorgue el mismo valor a la vida de las personas con discapacidad que a la vida de aquellas sin discapacidad".
Recientemente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado que la reforma legislativa girará en torno a "reforzar la protección del derecho a la vida".