El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), pidió a los asambleístas que el Consejo Nacional de Libertar e Igualdad Religiosa, que sería creado a través de una ley, tenga por función tutelar el respeto a este derecho humano y sus manifestaciones públicas y privadas.
En un comunicado emitido el 6 de enero, los obispos se refirieron al proyecto de ley presentado por el asambleísta Marco Murillo.
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En ese sentido, indicaron que dicho consejo debe también respetar los idearios de los centros educativos o asistenciales creados por las entidades religiosas, así como "defender los derechos de las minorías religiosas y los grupos ancestrales del Ecuador".
El texto también pidió que se protejan el derecho a la intimidad, "la objeción de conciencia, el pluralismo y la convivencia religiosa, la libre información en materia religiosa, la libre expresión religiosa, la asociación y fundación, la garantía de los días festivos religiosos, la inviolabilidad de los lugares de culto, cementerios, archivos y del secreto ministerial, inembargabilidad de los bienes sacros, y la presencia de símbolos religiosos en los centros públicos y privados".
El Consejo Permanente de la CEE también expresó su deseo de que la nueva entidad fomente "la cooperación entre el Estado y los grupos religiosos en temas de interés común tales como educación, cultura, desarrollo del bienestar de la familia ecuatoriana, fomento del arte y el cuidado de los tesoros artísticos, etc".
"Sus funciones (del consejo) deben quedar, como sucede en otros países no confesionales –es el caso, por ejemplo, de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa de España– en el ámbito de reconocimiento, registro, tutela de los derechos y garantías constitucionales implicados en sus funciones, y cuidado del bien común. No cabe una intromisión en materias que son propias e internas de cada confesión religiosa", afirmaron los obispos.
Asimismo, advirtieron que el proyecto afirma que "cada entidad religiosa debe contar con un proceso de certificación y acreditación de sus autoridades, guías o ministros de culto, reconociendo formación y experiencia en el ámbito religioso, considerando enfoques de género, generacional, diversidad cultural para el ejercicio del culto religioso".
Ante ello, el Consejo Permanente de la CEE señaló que "si se parte del principio de separación entre el Estado y las entidades religiosas, cada una de ellas debería gozar de independencia en esta materia".