El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. José Antonio Martínez Camino, señaló que los obispos españoles esperan que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo falle en contra del sacerdote casado no renovado como profesor de religión tras hacerse pública su participación en un acto en defensa del celibato opcional.
Mons. Martínez Camino ha subrayado, durante la rueda de prensa celebrada con motivo de la 98º Asamblea Plenaria de la CEE, que es "normal" que el Tribunal Constitucional español no diera la razón al sacerdote casado y padre de cinco hijos José Antonio Fernández Martínez porque, a su juicio, "un profesor que no cree en la doctrina católica, no puede enseñarla".
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Además, ha defendido el derecho de los padres que eligen la enseñanza de la religión católica para sus hijos a que quien imparte esas clases "esté cualificado para ello" y "no les enseñe otra cosa". "Esto es lo que las leyes españolas en términos generales protegen bien", ha afirmado.
Por ello, ha instado a los católicos interesados en la justicia y en una educación de calidad a que se preocupen por este caso y ha deseado que, si "todos los tribunales españoles han pensado que es justo" que no se renueve al maestro, el Tribunal de Derechos Humanos también falle en el mismo sentido.
En cualquier caso, ha apuntado que estas sentencias "no son, en términos jurídicos absolutamente vinculantes como sí lo son las dictadas por los tribunales españoles" aunque ha apostillado que "son muy importantes" y que confían "en que sea una sentencia justa".
El portavoz de la CEE ha explicado que el Tribunal dio la posibilidad a la Conferencia Episcopal de presentar cinco folios en francés sobre este asunto que, según ha indicado, "han sido presentados en su momento". Además, ha añadido que hasta el Tribunal de Estrasburgo se han trasladado también algunos de sus abogados.
El demandante, José Antonio Fernández Martínez, que interpuso su demanda el 11 de diciembre de 2007, fue ordenado sacerdote en 1961 y 23 años después presentó su dispensa de celibato al Vaticano. Un año después, se casó por lo civil y, desde 1991, su contrato como profesor de religión en una escuela pública de secundaria en Murcia, se renovó cada año por el obispo de la diócesis.
En 1966, el periódico 'La Verdad' publicó un artículo sobre el movimiento en favor del celibato opcional del que Fernández era miembro y en el que aparecía una fotografía del sacerdote junto a su familia en una de las reuniones. Un año después, el obispado de Cartagena informó al Ministerio de Educación de su intención de no renovar el contrato del demandante para el curso 1997-1998.
Antes de llegar a Estrasburgo, el caso ha pasado por el Tribunal de Murcia, que dictaminó que Fernández había sido "discriminado" por su estado civil y su pertenencia al movimiento, por el Tribunal Supremo que indicó que las restricciones impuestas al aspirante eran "proporcionales" al objetivo perseguido, es decir, para evitar el escándalo, y por Tribunal Constitucional, ante el que Fernández interpuso una demanda que fue rechazada.