Más de 400 organizaciones de la sociedad civil afirmaron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de respetar el blindaje a la vida en los estados de Baja California y San Luis de Potosí va de acuerdo al Estado de Derecho, pues se apegó a las leyes mexicanas que protegen al concebido.
"En un Estado de Derecho la vigencia y el apego a la ley es obligación y responsabilidad para todos, sin excepción", afirmaron en un comunicado publicado el 3 de octubre en los diarios Excélsior, Milenio y La Jornada.
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Recordaron que la Constitución federal y los tratados internacionales firmados por México reconocen y garantizan el derecho a la vida, y por tanto los congresos locales pueden legislar en esta materia y señalar que la vida humana debe ser protegida desde la concepción.
Asimismo, aclararon que las reformas a favor de la vida "conservan las excusas absolutorias establecidas en los códigos penales" y evitan que una mujer que "comete un aborto bajo dichas causales" sea sancionada penalmente.
Por ello, destacaron la congruencia con que actuaron los ministros de la SCJN que evitaron que se invalidaran las reformas de Baja California y San Luis Potosí.
"En el 2008 y ahora en 2011 la ministra Margarita Luna Ramos votó a favor de la libertad de los Congresos locales de legislar en esta materia, en tanto que los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, entonces y ahora, votaron a favor del Derecho a la Vida, posición a la que se sumó, con contundentes argumentos jurídicos, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo", recordaron.
El texto afirmó que "el derecho a la vida desde su inicio en la concepción/fecundación no daña ni excluye ningún derecho de las Mujeres. Por el contrario, la esencia de las reformas es brindar protección a la Mujer y seguridad a sus Hijas e Hijos por nacer".