Obispos de Norte y Centro América solicitaron a sus respectivos gobiernos que asuman la responsabilidad que tienen en cuanto a la protección legal de los inmigrantes.
En una reciente declaración los prelados afirman que siguen "siendo testigos del gran sufrimiento entre los migrantes en nuestros países y regiones" que con frecuencia se enfrentan a la explotación y el abuso de las autoridades, los empleadores y las organizaciones criminales.
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Tras reconocer el derecho que asiste a los gobiernos para establecer normas, los obispos alertan que cualquier ley que se oponga a la unidad familiar debe abolirse por ser "injusta e inhumana" y reiteran su pedido para defender especialmente a las familias, mujeres y niños inmigrantes.
La declaración se dio a conocer luego de una reunión de obispos en San José, capital de Costa Rica, a la que asistieron representantes de Estados Unidos, México, Panamá, Honduras, Guatemala, representantes de Caritas Internacional, así como expertos en inmigración.
Los prelados también alentaron a trabajar por el bien común par generar condiciones económicas que permitan que las personas tengan oportunidades en sus países y no tengan la necesidad de salir de ellos para buscar un mejor futuro.
Los obispos especificaron además que inmigrantes son aquellos que buscan trabajo, asilo o refugio, así como las víctimas de tráfico de personas.
La declaración episcopal expresa la creciente preocupación por el aumento de secuestros y muertes entre inmigrantes, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos.
En 2010, más de 70 inmigrantes de Centro y Sudamérica fueron secuestrados y asesinados en el norte de México. Asimismo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país señala que casi 10 000 inmigrantes fueron secuestrados entre 2008 y 2009.