El vicepresidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Mariano Martínez-Aedo, señaló que en España existen obstáculos económicos, jurídicos y sociales que no permiten a las mujeres disfrutar de sus derechos a la maternidad, a la conciliación entre vida laboral y familiar y a la estabilidad matrimonial.
En una nota difundida el 8 de marzo, el también portavoz del IPF afirmó que el Día Internacional de la Mujer debe ser una fecha para reivindicar estos derechos.
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"El Gobierno no puede mirar hacia otro lado, de manera que, en vez de celebraciones, y gestos grandilocuentes pero vacíos de contenido, debe emprender una política real y eficaz que garantice el desarrollo de estos derechos", afirmó.
El IPF dijo que la maternidad es un campo donde las mujeres sufren "una clara discriminación" que afecta también la natalidad en España, que con una fecundidad de 1,38 hijos por mujer, es una de las más bajas de Europa. "Todo ello a pesar de que las encuestas indican que querrían tener de media 2,5 hijos, es decir, un hijo más de los que tienen actualmente", indicó.
"La Unión Europea estima (basándose en la actual situación) que la tasa en España se mantendrá alrededor del 1,40 durante los próximos años, es decir que no prevé una mejora en la situación de la mujer en España", alertó.
Vida laboral y estabilidad matrimonial
En la nota, el IPF también criticó al Gobierno socialista porque "la conciliación de la vida laboral-familiar no es una prioridad política real", ya que no se toman medidas de apoyo a la familia, como la promoción de tipos de contrato y horarios adaptados a las necesidades familiares.
"Asimismo, son numerosos los casos en donde cuando las mujeres ejercen su derecho a la maternidad empiezan los problemas y las injusticias en las empresas. Abundan los casos reales donde ese cambio supone problemas, discriminaciones, cuando no apartamiento o incluso la pérdida efectiva del puesto de trabajo", añadió.
El IPF también señaló que en España "no se está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal", sobre todo "para los matrimonios con hijos y en situaciones de conflictividad o crisis".
El instituto pidió al Gobierno no ignorar "este dramático problema", porque en España se dan más de 127 mil rupturas familiares al año.