Un total de 371 españoles han demandado al Estado español ante el Tribunal de Derechos de Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia) por "la vulneración de derechos fundamentales en materia de objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC)".
La plataforma española Profesionales por la Etica (PPE), que ha presentado las demandas junto a la Alliance Defense Fund (ADF), una entidad especialista en la defensa de los derechos humanos, ha indicado que los demandantes, objetores de conciencia a EPC, "alegan la violación, por parte del Estado español de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Entre estos está el derecho a la vida privada de los menores; libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores y sus padres; derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones; y no discriminación.
El presidente de PPE, Jaime Urcelay, ha comentado que "todavía no hay una estimación clara al respecto de cuándo puede producirse la sentencia del TEDH, si bien podría ser a lo largo del presente año".
La organización –que cuenta con la asistencia técnica del Centro Europeo para la Ley y la Justicia (ECLJ, por sus siglas en inglés)– ha aclarado que los 371 españoles "no equivalen a 371 porque en Estrasburgo demandan tanto los padres como los hijos objetores" y ha precisado que las familias proceden de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja.
Finalmente, la organización ha indicado que "varias familias están pendientes de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), ya que se han presentado varios recursos de amparo por la negativa de los Tribunales Superiores de Justicia a reconocer su derecho de objeción a EpC".
Educación para la Ciudadanía (EpC) es una asignatura obligatoria impuesta por el gobierno socialista español en 2006. Presentado como un curso de cultura cívica, sus críticos denuncian que promueve el laicismo, la ideología de género, y el aborto; y no respeta el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones.