Hablando en nombre de los obispos de Estados Unidos, el Presidente del Comité de Migración del Episcopado, Mons. José Gómez, solicitó a los legisladores del país no volver a las redadas de inmigrantes y en vez de eso generar una reforma migratoria justa y humana.
En un mensaje enviado el 26 de enero a la cámara de representantes, el también Arzobispo Coadjutor de Los Ángeles, recordó que "la inmigración al final de cuentas es un asunto humanitario porque tiene un impacto en los derechos humanos fundamentales y en la dignidad de las personas".
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"La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos considera que los costos humanitarios de las redadas en los centros de trabajo son inmensurables e inaceptables en una sociedad civilizada".
El Prelado señala además que las redadas de inmigrantes "con frecuencia rompen familias, especialmente al separar a los niños de sus padres durante periodos de tiempo significativos".
El Arzobispo reconoció luego el deber que tiene la nación de asegurar sus fronteras y reforzar la ley civil, pero recordó que "la familia –como institución anterior a cualquier estado– debe tener prioridad, como una cuestión de la ley natural".
"Los obispos de Estados Unidos consideramos que los inmigrantes deben venir a Estados Unidos legalmente. Pero también creemos que el actual marco legal de inmigración no reúne adecuadamente a las familias, y no responde a las necesidades laborales de nuestro país".
Tras señalar que muchos inmigrantes se ven obligados a salir de sus países porque no pueden satisfacer sus necesidades básicas, el Arzobispo consideró que una verdadera reforma migratoria en Estados Unidos debería legalizar inmigrantes de carácter probado, reformar el sistema de inmigración para que esté basado en la familia, expandir los programas de trabajo temporal, y una mayor atención al debido proceso de los inmigrantes ante la ley.
"Al aumentar los medios legales para que los inmigrantes ingresen, vivan y trabajen en Estados Unidos, el reforzamiento de la ley podrá concentrarse en aquellos que verdaderamente amenazan la seguridad pública: narcotraficantes y traficantes de seres humanos, secuestradores y terroristas", concluyó.