La Cámara de Diputados de Paraguay decidió rechazar la "Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes", un documento que obliga a los estados que lo ratifican a promover la salud sexual y reproductiva, la ideología de género y la "libre orientación sexual".
Con el voto de 50 diputados y pese a las presiones de organismos internacionales como la ONU, se rechazó el documento que propone, entre otras cosas, que los jóvenes tienen el derecho a la "salud sexual y reproductiva", un eufemismo que engloba el libre acceso a la anticoncepción y el aborto.
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El texto incluye la "orientación sexual" como un criterio de no discriminación, sin especificar lo que se entiende bajo este término. El lobby homosexual ha apoyado el documento desde su redacción en la ciudad de Badajoz (España) donde se firmó en octubre de 2005. Ahora estos grupos buscan su ratificación en los países con muy poco éxito.
En declaraciones a ACI Prensa, Cristian Kriskovich, asesor de la Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia (FEDAVIDA) de Paraguay, explicó que el rechazo a la polémica convención es "producto de la comprensión de parte de nuestros congresistas de los peligros que dicho instrumento acarrea para nuestra tradición jurídica, nuestros jóvenes y familias".
Kriskovich explicó que con esta medida "se dejó en evidencia que reducir la mayoría de edad a los 15 años y establecer la ‘opción u orientación sexual’ como derecho humano y objeto de no discriminación, así como la ‘confidencialidad’, atentan contra nuestro sistema jurídico, tradición y cultura paraguayas. Esperemos que la Cámara de Senadores siga el mismo camino".
El director para América Latina del Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, señaló a ACI Prensa que "en vez de discutir estos temas abiertamente, los organizadores españoles (de la convención) han favorecido las acciones oscuras de algunos lobbies. Cada día es más evidente que evitan un debate público porque saben que provocarían este rechazo popular como acaba de suceder en Paraguay".
"Hasta ahora esta Convención alcanzó pocas ratificaciones luego de su firma en el 2005. En esos pocos países no hubo ningún debate público. Las organizaciones de la sociedad civil deberían exigir una revisión completa de esta Convención para que responda a los genuinos intereses de los jóvenes y se sancione el uso de tretas antidemocráticas para introducir contrabando ideológico", concluyó.