La presión de grupos y líderes feministas que promueves el aborto logró que las autoridades de Guanajuato reduzcan drásticamente las penas por “homicidio en razón de parentesco” y permitan que el asesinato de un recién nacido sea un delito no grave.
Durante semanas, entidades feministas como el centro Las Libres confundieron a la opinión pública al presentar a seis mujeres presas por matar a sus bebés como presas por haber abortado.
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Tras ser desmentidas por las autoridades locales y delegados de las Naciones Unidas, las feministas se dedicaron a buscar la reducción de penas para las mujeres que maten a sus hijos en las primeras horas de vida. Este delito –sancionado con 35 años de prisión- ahora recibirá sanciones entre tres y diez años de cárcel debido a una polémica reforma al Código Penal en Guanajuato.
Ivette Laviada, presidenta de la Red Pro-Yucatán y Patricia López Mancera, directora del Centro de Estudios para la Mujer (CEFIM-Cancún), señalaron que aquellos intereses ocultos que llevan a grupos radicales a presionar a las instancias públicas –gobernador, presidente municipal y legisladores- para hacer de la muerte del hijo que ha nacido, un derecho o la ampliación de libertades de la mujer “no tendrá eco en otras entidades del país”.
Las representantes expresaron su preocupación porque ahora se considere como delito no grave que una madre atente contra la vida de su hijo siempre y cuando lo haga en las primeras 24 horas de nacido.
Por ello, llamaron a la sociedad mexicana y sobre todo a las mujeres a no dejarse engañar y no ver como “normal” el homicidio de un hijo recién nacido.
Denunciaron que algunos grupos pretenden dar el mismo tratamiento e igualar el delito de aborto al de homicidio en razón de parentesco.