En su reflexión semanal en su programa televisivo "Claves para un mundo mejor", el Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer, señaló que la nueva ley que permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo "ha practicado una escisión entre la moral y el derecho, porque la ley sancionada por un cuerpo legislativo no puede contradecir valores morales objetivos y universales que se apoyan en la naturaleza humana y en definitiva en la Ley de Dios, que ha dejado su marca en la Creación".
Asimismo indicó que "hay que tener en cuenta que no es lo mismo legitimidad que legalidad. Esta ley ha entrado a formar parte del cuerpo legal de la Nación, pero no es legítima. Y no es legítima porque es una ley injusta".
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El Prelado aclaró que no se trata de una afirmación personal, sino que esto "lo afirma toda la tradición de la Iglesia, expuesta de una manera admirable por el Beato Juan XXIII en su conocidísima Encíclica ‘Pacem in terris’", en la que sostiene que "la autoridad humana, cuando legisla en contra de la ley de Dios, es decir cuando produce una ley que está en discordancia con el orden moral, en ese acto, decae de su autoridad, y lo que se origina no es una ley sino una iniquidad espantosa".
En cuanto a la "legalidad" de esta ley, señaló que "ha quedado seriamente mancillada porque son bien conocidas las condiciones que favorecieron la sanción", en referencia a los "aprietes", a "los sospechosos cambios de posición de varios senadores y el regalo de viajes a Oriente. Además, conviene recordar que se ha sancionado una ley en contra de la manifiesta convicción de la mayoría del pueblo argentino".
De todas maneras, subrayó que "lo que ahora importa es considerar qué puede ocurrir en adelante" y agregó: "con el tiempo se irá viendo el estrago que el paso dado por el Congreso significa en el orden institucional y jurídico".
En este contexto, el Arzobispo manifestó su preocupación por tres cuestiones fundamentales: la libertad de la Iglesia, la libertad de los padres y la objeción de conciencia:
En primer lugar mencionó a la libertad de la Iglesia, "que está asegurada por la Constitución Nacional y por instrumentos de Derecho Público Internacional". Se preguntó "¿podremos predicar libremente lo que la Biblia, la tradición y el magisterio eclesial enseñan acerca de la sexualidad humana y del matrimonio"? o si "se nos obligará, acaso, a enseñar a los niños que es tan lícito y válido casarse con una persona del mismo sexo, contra la naturaleza, como hacerlo con una del sexo opuesto, es decir, según el orden de la naturaleza".
En cuanto a la libertad de los padres que envían a sus hijos a escuelas de gestión estatal cuestionó que un padre de familia deba "soportar que a su hijo se le enseñe en contra de sus convicciones fundamentales", ya que "los últimos textos que ha producido el Ministerio de Educación de la Nación parece que proponen preparar a los niñitos desde el jardín de infantes para que con el tiempo ellos elijan con plena libertad su orientación sexual, como si todo valiera igual". En ese sentido manifesó: "Es evidente que se procura inducir un cambio cultural arruinando el sentido moral de las próximas generaciones de argentinos".
Por último se refirió la objeción de conciencia, "que podrían con toda razón plantear funcionarios del Registro Civil, jueces y educadores, que se verán obligados a aplicar una ley que violenta sus convicciones". En este punto advirtió que "no existe un marco regulatorio bien claro de este aspecto importantísimo del ejercicio de la libertad. Por otra parte, los activistas que han fomentado la alteración del orden familiar, los ideólogos que desde hace tiempo la han planeado y algunos políticos con clara inclinación totalitaria, hacen temer la imposición de la dictadura del relativismo, como llamó a este hecho novedoso y fatal el Papa Benedicto XVI".