La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (ANDOC), informó que los funcionarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), están preparando alegaciones a la ley del aborto, pues se sienten "utilizados como ‘instructores en procesos extrajudiciales de pena capital’".
"El SAS es un ejemplo de incoherencia administrativa, pues en cada provincia y en cada distrito se siguen instrucciones verbales distintas", señaló la ANDOC.
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Relató que en Sevilla se pretende que estos funcionarios "diligencien las peticiones de aborto, en formularios donde no aparece el nombre de la beneficiaria, pero sí obliga a que aparezca" los datos del funcionario.
"En Granada se pretende que sean los médicos de atención primaria, o los enfermeros, y en zonas rurales exclusivamente los médicos para preservar el anonimato de la solicitante de aborto", añadió.
Indicó que en el caso de Málaga, se quiere convertir a los enfermeros en "diligenciadores de esos trámites, que son administrativos, una función diferente de la que corresponde a los enfermeros. Sea como sea, desde Huelva a Almería las normas de asignación de cometidos no existen, o son verbales, y ambiguas".
"Ese proceder sistemático de la Junta de Andalucía de ley del aborto, deja en indefensión a los profesionales sanitarios, y a los funcionarios y trabajadores sociales, que no pueden conformar su voluntad, y les priva del derecho de recurrir si es que así lo estimaran: La Consejería de Salud esquiva materializar en nomas y órdenes a los interesados los nuevos cometidos que adquieren por aplicación de la Ley", criticó ANDOC.