Una delegación de Profesionales por la Ética (PPE), encabezada por su presidente Jaime Urcelay, presentó en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el informe “La versión española de Educación para la Ciudadanía: una agresión a la libertad de educación en Europa”, donde informa las consecuencias de esta asignatura a nivel de España y su extensión continental.
“Aunque la denominación de las nuevas materias escolares españolas puede coincidir con la de las existentes en otros países europeos, las diferencias son notables. En España, las asignaturas de EpC son obligatorias y evaluables y están destinadas expresamente (según reconoce el currículo legal) a formar la conciencia moral de los alumnos, introduciéndose en sus valores y en su intimidad personal y familiar”, advirtió Urcelay.
Ante medio centenar de eurodiputados del Grupo Popular Europeo, Urcelay indicó que el Gobierno español, amparándose en la Recomendación 12/2002 del Consejo de Europa y otras directrices, implantó esta materia en 2006 sin el consenso deseable.Sin embargo, recordó PPE, miles de padres españoles salieron a rechazar estas asignaturas por su carácter ideológico y adoctrinador, y están haciendo valer su derecho a la objeción de conciencia.Urcelay advirtió que “el conflicto de EpC ha cruzado las fronteras españolas y ha adoptado una dimensión europea, ya que están en juego derechos fundamentales amparados por la legislación comunitaria”.Ante ello, anunció la creación de la Red Europea de Libertad de Educación, para promover el intercambio de información y experiencias y la coordinación de actuaciones entre entidades europeas que defiendan la libertad de los padres para educar a sus hijos.
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