El Ministro de Salud, Oscar Ugarte, anunció que en un plazo máximo de dos o tres meses se concluirá el protocolo médico para que los hospitales del país apliquen el mal llamado aborto terapéutico.
La plataforma ciudadana "Perú defiende la vida" recordó que "los ‘protocolos de aborto terapéutico’ son ‘caballos de troya’ para introducir una serie de causales médicas que no implican la salud grave de la madre para que por cualquier problema, y a discreción que considere el médico, se apruebe el aborto, el asesinato del niño".
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"Como sabemos este protocolo permisivo se trató de introducir siempre de manera dolosa. Por ejemplo está el caso de Arequipa, o la impulsada por la desprestigiada ONG Amnistía Internacional, o el intento de la ex Ministra de la Mujer, Carmen Vildoso que trató de introducirla de manera subrepticia con una ley en contra de la violencia de la mujer", agregó.
La plataforma advirtió que los promotores del aborto están usando este protocolo para incorporar el aborto eugenésico en caso de niños con malformaciones como la anencefalia.
"No entendemos de qué manera atenta de manera grave a la salud de la madre o su vida que el niño presente dicha enfermedad. Y ya no se habla de que atente gravemente contra la salud de la madre sino ‘contra su calidad de vida’, lo cual puede ser cualquier cosa. Además de este contrabando el lamentable Ministro señala que el Código dispone que el aborto terapéutico se debe realizar cuando la salud mental y física de la gestante está en grave riesgo por el embarazo. Esto es falso, el Código sólo menciona la salud física", aclara la plataforma.
Por su parte, la congresista Fabiola Morales lamentó que Ministro de Salud, quiera "legislar en lo que le da la gana".
En diálogo con CPN Radio, Morales criticó el anuncio y señaló que así como hace anuncios a favor del aborto, el Ministro debería pronunciarse sobre la denuncia constitucional que la legisladora presentó en su contra "por insistir con la distribución gratuita de la píldora del día siguiente" a pesar del fallo del Tribunal Constitucional que la prohíbe.