El Arzobispado de Bucarest en Rumania expresó ayer su desacuerdo y preocupación por la decisión tomada por el Gobierno de suspender la asignación familiar de 140 euros destinada a los recién nacidos. Esta decisión, en uno de los países de Europa en donde se realiza la mayor cantidad de abortos, constituye una medida que "podría comprometer el frágil equilibro de las familias".
En el texto firmado por el portavoz de la arquidiócesis, P. Jerome James, se señala que la medida podría ocasionar que "muchas parejas reconsideren el hecho de acoger a una nueva vida".
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El documento también es avalado por la asociación de familias católicas rumanas Vladimir Chika, que se declara "en fuerte desacuerdo con el Presidente Traian Basescu por su falta de consideración mostrada hacia los recién nacidos y sus familias".
Esta organización recuerda que "la población en Rumania atraviesa una fase alarmante de descenso y, en ausencia de una política coherente para alentar y sostener los nuevos nacimientos, el país está destinado a sufrir las graves consecuencias en el plano económico y social por el envejecimiento de la población y por la falta de puestos de trabajo".