La Corporación de Abogados Católicos presentó ayer ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut un recurso extraordinario, mediante el cual hasta que los magistrados se expidan en torno a su concesión o rechazo no podrá practicarse el aborto solicitado por la familia de una adolescente embarazada tras ser víctima de un abuso.
En la presentación, los abogados católicos afirman que "el derecho a la vida de un inocente es un derecho natural que cabe reputar de absoluto, conforme la doctrina de la Corte Suprema federal que ha declarado ser ‘el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112)’ no pudiéndose admitir su supresión por vía del aborto en circunstancia alguna, mucho menos cuando ni siquiera concurre la circunstancia minorante de correr riesgo real la vida o salud de la progenitora".
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Aseguran que la sentencia que cuestionan "pretende aplicar una doctrina creada para conflictos de intereses de muy distinta índole (patrimoniales, familiares, de libertad de expresión, de circular libremente, etc.) y en los cuales es susceptible el conflicto o choque por el ejercicio de ellos, circunstancia que nunca puede concurrir para suprimir la vida inocente pues ¿qué derecho superior a ésta pudiera establecerse?"
"De manera alguna –subrayan– puede aceptarse como solución racional de la compatibilización de los eventuales derechos en juego de la madre violada y de la persona por nacer –que por normas de rango constitucional no son inferiores– la dada en el art. 86 inc. 2 del Código Penal que en lugar de buscar soluciones que armonicen ambos, desprotege en forma absoluta el derecho de una de las partes dejándolo librado al solo arbitrio de la decisión de la otra al punto de poder suprimirlo en forma total".
La Corporación sostiene que esa norma ha quedado derogada, y, en todo caso, es inconstitucional por "ser repugnante a derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de raigambre constitucional", dado que contradice el derecho a la vida de la persona por nacer que esos instrumentos, de superior jerarquía, consagran.
Los juristas no niegan "el dolor de la menor violada. Tampoco la existencia de eventuales sentimientos negativos que la misma pudiera sufrir. Pero dicen que ellos deben ser encausados por la debida asistencia de modo de que se atienda esa situación de la menor y se garantice la vida del nasciturus".