El Secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Mons. Mario Toso, señaló en una reciente conferencia en México que el Estado laico no debe imponer el ateísmo práctico ni la indiferencia religiosa, sino acoger el aporte moral y espiritual de la religión permitiendo que pueda expresarse en la esfera pública.
Así lo indicó en su conferencia en el Primer Encuentro de Centros de Formación de Doctrina Social de la Iglesia, organizado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social de la Iglesia. En su intervención, en la que se basó en la encíclica Caritas in veritate del Papa Benedicto XVI, el Prelado denunció que muchos actores políticos solo se preocupan de las personas en época de elecciones y cuando éstas concluyen "tienen poco en cuenta las necesidades reales de las personas, la necesaria participación de la sociedad civil, el bien común".
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Tras advertir de las legislaciones que buscan imponer normas o reformas que atentan contra "el derecho a la vida, a la libertad religiosa, al respeto del medio ambiente o contra la paz", Mons. Toso denuncia que cuando esto sucede el Estado "aparece débil con los fuertes, prepotente con quienes no lo pueden enfrentar con el dinero o con la violencia. Así, las razones de la política no siempre son las razones de los más pobres e indefensos".
Para el Secretario de Justicia y Paz, "una democracia en la que sus ciudadanos no reconozcan una ley moral universal, aplicable a todos, es una convivencia política incapaz de justificar, como válidos para toda persona, los valores que emergen de su historia. Al mismo tiempo, no está en capacidad de defenderlos cuando son agredidos. Una democracia se convierte en garante de un Estado de derecho solo si se reconoce una medida compartida de verdad y bien, que madura entre experiencia sociales previas y que no es manipulable".
En su encíclica, señala el Obispo, el Santo Padre explica que esta medida se encuentra en estados que promuevan la libertad religiosa, "cuando se abre a la religión un espacio público donde puede ofrecer su propuesta de ‘vida buena’ en una confrontación plural libre y disciplinada".
Tras recordar que "la dimensión religiosa no está al margen de la existencia del hombre" sino que le es esencial, Mons. Toso aseguró que "la acción política está llamada a estructurarse con apertura al hecho religioso, fuente de la moralidad de los pueblos de la que, a su vez, depende la vitalidad del futuro ético de la democracia y del Estado".
Tras criticar las perspectivas que, invocando a la religión, justifican el suicidio colectivo o la persecución racial, el Prelado aseguró que "no puede pasar que el Estado considere a todos los credos como equivalentes y homogéneos. Por ser responsable de la organización de la vida social tiene la obligación de expresar un juicio sobre las religiones".
En sustancia el Estado, continuó, está llamado a discernir entre estas últimas y "tiene la potestad de prohibir todo lo que va contra la dignidad del hombre y la mujer, como el proselitismo violento y manipulador, la poligamia, las mutilaciones físicas, los caminos pseudo-religiosos de despersonalización y el desprecio de la razón humana".
Finalmente el Secretario del Pontificio Consejo explicó que el Estado "tiene la tarea de favorecer, sin crear injustos privilegios, todo lo que las religiones obran de positivo en la convivencia civil, reconociendo y cultivando su valor público". Así, entonces, esto posible sobre la base de un juicio ético que se estructura gracias a una razón no aprisionada por lo empírico sino "abierta a la integralidad de la verdad y al Trascendente".