La Gerente de Investigación Jurídica del Population Research Institute para América Latina, Janet Ramos, advirtió que en el estado mexicano de Veracruz "no se ha despenalizado el aborto" y que éste sigue siendo un delito; aclarando así una serie de desinformaciones de algunos medios locales.
Tras la modificación del artículo 150 del Código Penal que reduce las penas para el delito del aborto, descartando el periodo de cárcel y sustituyéndolo por un tratamiento en libertad para la mujer que se someta a esta práctica –consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud– diversos medios mexicanos informaron este hecho como si se hubiera tratado de la "despenalización del aborto" en una supuesta contradicción con el blindaje al derecho a la vida, desde la concepción, en Veracruz.
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En declaraciones a ACI Prensa, Janet Ramos explica al respecto que "cambiar las penas de un delito no implica que éste se haya despenalizado. En Veracruz el aborto provocado y consentido por la madre sigue siendo un delito, es decir una conducta no querida por la sociedad ni por el Estado y por ende sancionable".
"Esto –agregó– se reafirmó cuando al efectuarse una primera votación fueron rechazadas las observaciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, orientadas a despenalizar el aborto".
Posteriormente, indicó la experta, "los diputados del PRI propusieron no una despenalización, sino una disminución de penas para el caso de la mujer y esto sí se aprobó".
Así, continuó Ramos, lo que ha sucedido en Veracruz con la modificación del Código Penal "es que la pena a aplicar a la mujer ha pasado de ser una pena ya mínima o simbólica que nunca se convertía en cárcel efectiva, a una pena consistente en trabajo comunitario (reparación a la sociedad por el mal que se hizo) y una atención integral de salud (que resalta el hecho de que el aborto es un mal grave para la mujer)".
La Gerente de Investigación Jurídica del Population Research Institute para América Latina, resaltó que "de hecho este cambio e inducción a confusión más parece responder a una presión mediática que a una técnica legislativa ya que el gobernador habla de ‘despenalización’ para evadir las críticas de los sectores abortistas".
"Esos son cálculos políticos que no tienen nada que ver con un debate jurídico en virtud del cual a mayor indefensión del afectado (el concebido) corresponde una mayor sanción del sujeto activo. De hecho en Veracruz este endurecimiento de penas si está siendo evaluado para los médicos, o cualquier persona que realice abortos y más aún, lucre con ellos", concluyó.