Profesionales por la Ética (PPE), denunció que el Gobierno socialista está imponiendo a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), elevados costos judiciales para obstaculizar el ejercicio a la objeción de conciencia.
"Un nuevo episodio de los obstáculos que el Gobierno pone a los objetores a EpC son las costas o gastos judiciales que los abogados del Estado están imponiendo a los padres objetores en los casos que ya han sido resueltos por el Supremo", denunció PPE.
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Según José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de PPE, llama la atención que los gastos judiciales lleguen a ser hasta de 600 euros por procedimiento, "cuando suelen ser, en este tipo de casos, de 200 euros".
Tras indicar que se trata de un importe "absolutamente desorbitado", Bazán advirtió que "la imposición de estas elevadas cantidades es contrario a la buena práctica jurídica y deben ser impugnadas porque con ellas pretenden obstaculizar el ejercicio de los derechos de los objetores".
Para Bazán es notorio "que el Gobierno está preocupado porque los objetores a EpC no se han detenido y pretende amedrentarle con la cuantía de las costas".