El portavoz del Foro de Laicos Asidonia, José Ignacio Martínez, criticó al Canal Sur por engañar a los padres al decir que la fiscalía desestimó la denuncia contra un manual de Educación para la Ciudadanía (EpC), cuando esta competencia le pertenece a los jueces y tribunales.
"Se intenta confundir a los padres, desde ciertos medios afines al Gobierno, con datos que falsean la realidad", expresó Martínez al referirse a la noticia difundida por Canal Sur el 25 de agosto pasado, que tras el titular "Desestimada la demanda por un manual de EpC", afirmó que "la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado una demanda presentada por unos padres de la localidad onubense de Bollullos del Condado contra un manual de EpC".
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Las plataformas andaluzas de objetores a EpC advirtieron que dicha información es falsa porque son los jueces y tribunales, y no la fiscalía, quienes tienen capacidad de decisión para determinar cuándo una denuncia tiene sustento o no.
La fiscalía, explicó Martínez, "no ha hecho otra cosa que informar, por medio de un escrito de alegaciones, sobre su criterio respecto de si la Sala debería resolver el recurso planteado por la familia Flores Cano, aceptando sus peticiones o denegándolas".
"Una vez presentadas las alegaciones que estimen oportunas todas las partes personadas en el procedimiento, tendrán lugar el proceso probatorio y la presentación de las conclusiones. Tras todo ello, el Tribunal emitirá sentencia", señaló.
Por otro lado, las plataformas recordaron que la fiscalía "no es un órgano independiente, y mucho menos en esta materia, en la que tienen tan especial interés tanto los gobiernos nacional y regional como el Fiscal General del Estado", por lo que es lógico esperar su oposición al recurso planteado por la familia Flores Cano.
Martínez dijo que "es una paradoja que, debiendo por su propio oficio velar por el interés del menor y por el respeto a sus derechos, el fiscal se someta a las directrices de sus superiores".
"Los padres que objetan –recordó–, lo hacen persiguiendo el bien para sus hijos y como un medio de defensa de sus propios derechos, y eso es precisamente lo que debería hacer la Fiscalía".