Los obispos venezolanos reunidos en Asamblea Plenaria difundieron una exhortación en la que piden que se recupere el Estado de Derecho en el país con respeto a la voluntad popular y que el gobierno no pretenda imponer a la fuerza su proyecto de país.
Tras reconocer "los esfuerzos reales para lograr la inclusión de los sectores más excluidos", lo obispos lamentan que se hayan "multiplicado las actuaciones que generan o refuerzan la exclusión de otros sectores, al ir reduciendo o negando espacios de participación y ciudadanía".
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"No es posible lograr entendimiento ni tener paz en una nación en la que un gobierno pretenda imponer a la fuerza su proyecto de país a toda la población, más aún cuando tal pretensión ha sido rechazada electoralmente, como sucedió en Venezuela en el Referéndum del 2 de diciembre de 2007", indicaron.
Asimismo, manifestaron su preocupación porque "diversos actores de la sociedad desconozcan la voluntad popular, expresada en las elecciones regionales de noviembre de 2008, e impidan o coarten la acción de autoridades elegidas legítima y democráticamente por el pueblo. De esa manera se entorpece la existencia de una sociedad plural y se generan dudas sobre la validez y eficacia del voto en los comicios electorales".
Los prelados consideraron "necesario restaurar o fortalecer el Estado de Derecho. Como Pastores nos sentimos comprometidos a defender todos los derechos humanos, a contribuir decididamente a la erradicación de la pobreza en la sociedad venezolana, y a promover la defensa de la vida y cuanto eleve el valor y la dignidad de la persona".
"Es indispensable que en el centro de intereses y discusiones se ponga la vida cotidiana de la gente, la solución de sus problemas e inquietudes, antes y por encima del discurso meramente ideológico, que pospone y aleja las soluciones. El diálogo y la superación de la desconfianza entre las varias corrientes de pensamiento favorecerán la construcción de políticas adecuadas", señalaron.
Los obispos explicaron que "aumentan las críticas a la creciente arbitrariedad en la administración de justicia, en la que no se trata a las personas desde su condición de ciudadanos, iguales ante la ley, sino por su adhesión ideológica o militancia política. Es inaceptable jurídica y éticamente que no se siga el debido proceso, que se apliquen medidas diferentes según el grupo al que se pertenezca, que se difame y condene a las personas antes de ser juzgadas, que se sentencie basados en argumentos que no tienen relación directa con las acusaciones y se condene sin pruebas fehacientes, que se apliquen penas desproporcionadas que manifiestan retaliación política".
También recordaron que "el derecho que tiene la ciudadanía a una información veraz se ha visto mermado por una progresiva escalada de intervenciones oficiales que se propone limitar la autonomía de los medios de comunicación. Para ello se aplican criterios diversos: unos para los medios oficiales o afectos al proceso, y otros para los demás. A medida que se implante tal hegemonía, se irá reduciendo la democracia".
"Este conjunto de situaciones, que pone de relieve una progresiva identificación de partido-gobierno-estado, al mismo tiempo que propicia la exclusión y refuerza la polarización y división del país, produce una crisis en el sistema democrático. La democracia supone separación de poderes, pluralidad de pensamiento e igualdad de condiciones. Más allá de los discursos, la democracia debe caracterizarse, sobre todo, por el interés real a favor de la gente y por la solución efectiva y justa de sus problemas diarios", indicaron.
"Mirando hacia el futuro reiteramos la exigencia de racionalidad, a la hora de plantearse soluciones para los problemas, y la necesidad de adoptar una actitud de colaboración crítica que se rija y oriente por la búsqueda del bien común. Expresamos también la convicción de que el evadir la propia responsabilidad resulta la peor vía, pues no conduce al logro de metas y aspiraciones", señalaron.
Finalmente exhortaron "a todos a proponer caminos de entendimiento y de consenso que nos permitan mejorar, corregir y crecer, generar esperanza, y animar los cambios profundos que se deben producir en las personas y en las instituciones, aun a sabiendas de las dificultades y límites. ¡Venezuela tiene futuro!, y debemos construirlo entre todos. Para ello es indispensable que todos reconozcamos la existencia de los que no están con nosotros, de los que piensan distinto".