El Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, denunció que en España no son realmente reconocidos ni garantizados los derechos básicos de la mujer, y mientras ello suceda, todos los 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, "deben ser días reivindicativos más que de celebraciones".
"El derecho a la maternidad, el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar y el derecho a la estabilidad matrimonial son los grandes problemas y carencias de la mujer actual" en España, afirmó Hertfelder, quien advirtió que lo más grave "es que la tendencia es a empeorar porque no cuentan con el respaldo real de las administraciones públicas".
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El presidente del IPF también indicó que la distancia entre el apoyo a la mujer en España y el resto de la Unión Europea "sigue siendo enorme tanto en prestaciones económicas a la maternidad, en conciliación de la vida familiar y laboral y en el derecho a la estabilidad matrimonial".
En cuanto al derecho a la maternidad, el IPF dijo que la falta de ayudas por parte de las autoridades ha provocado no solo que las mujeres españolas "sean las que acceden más tarde a la maternidad de toda Europa", sino que también la tasa de natalidad sea una de las más bajas en el continente; pese a que, según las encuestas, las españolas afirman que quieren tener de media "un hijo más de los que tienen".
Asimismo, el IPF señaló que en el aspecto laboral, "no hay voluntad política real ni por parte de administraciones ni por las empresas". "Son numerosos los casos en donde cuando las mujeres ejercen su derecho a la maternidad empiezan los problemas y las injusticias en las empresas", afirmó.
Finalmente, recordó que las rupturas familiares siguen siendo uno de los principales problemas que enfrentan los hogares españoles, "y por tanto de la mujer".
"No se está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal. El derecho a la estabilidad conyugal, y más especialmente para los matrimonios con hijos y en situaciones de conflictividad o crisis, debe ser una tarea fundamental de las administraciones", expresó el IPF.
En ese sentido, criticó que el Gobierno socialista siga "sin implementar las directrices de la Unión Europea que, desde hace más de 30 años, insta a los distintos países a la creación de los Centros de Orientación y Mediación Familiar".