La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), respaldó al Vicario Apostólico de Pando, Mons. Luis Casey, que rechazó las violaciones a las libertades fundamentales cometidas en la madrugada por militares encapuchados que detuvieron a doce personas en el departamento de Pando.
Según informó la prensa, doce personas fueron apresadas en Cobija (Pando), en horas de la madrugada para llevarlas a La Paz, acusadas de la muerte de 15 simpatizantes del Gobierno durante los enfrentamientos del 11 de septiembre del año pasado.
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La oposición boliviana criticó las detenciones por haber sido realizadas por militares "encapuchados", en plena madrugada y sin presentar órdenes judiciales. Entre los detenidos hay dos periodistas y autoridades de Porvenir.
Ante estos hechos, la CEB recordó que en Bolivia rige "un estado de derecho y normas legales correspondientes" que asegura "los procedimientos más adecuados en la administración de justicia y nada puede justificar los métodos empleados en estos hechos".
En ese sentido, el Episcopado pidió al Ministerio Público "precautelar la integridad de los detenidos y garantizar la legalidad en las acciones de investigación y esclarecimiento de responsabilidades".
Los obispos recordaron que "la reconciliación y unidad de los pandinos deben ser fruto de un verdadero diálogo y una correcta administración de justicia y no de medidas de imposición y violencia que generan más enfrentamiento".
El Episcopado expresó su solidaridad "con los familiares de las personas detenidas y auguramos que la paz y tranquilidad retornen finalmente a este departamento".
Por su parte, el Vicario Apostólico de Pando, Mons. Casey, expresó su indignación y protesta por las detenciones y señaló que de acuerdo a los relatos de familiares y medios de comunicación, estas se realizaron con violencia, atropellando las libertades y derechos fundamentales de las personas.
"Las acciones de efectivos militares con el rostro cubierto y fuertemente armados, la hora de los operativos, el allanamiento de domicilios, la violencia física contra los detenidos y sus familias y las agresiones a menores inocentes hacen aún más deplorables dichos actos", expresó.
Mons. Casey recordó que "no rige ningún estado de excepción y que nada puede justificar estos procedimientos".
Por ello, exigió "respetar la integridad física y psicológica de los detenidos" e informar a las familias y a la opinión pública "el lugar y situación en la que se encuentran".
"La Iglesia Católica denuncia estos actos por considerarlos ofensivos para todo ser humano y para Dios mismo. La dignidad humana es sagrada porque las personas somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza suya", señaló.