El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Juan Antonio Martínez Camino, afirmó hoy que la aceptación social del aborto "es uno de los dramas mayores del siglo XX" al tiempo que reiteró que "eliminar una vida inocente es un mal absoluto".
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, se preguntó "cómo es posible que no se le reconozca el derecho a la vida" si bien se reconocen derechos patrimoniales "al que va a nacer". "Cuanto la ley menos protege este derecho, más injusta será y menos carácter de ley tendrá", aseveró el también Obispo Auxiliar de Madrid.
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Asimismo, calificó al aborto como un "acto intrínsicamente malo" y que además "viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole la vida". "Una sociedad que no asegura la vida de los no nacidos es una sociedad que vive en una seria violencia interna", agregó.
El Prelado abogó "por reaccionar ante la propaganda que presenta el aborto engañosamente como una intervención quirúrgica o farmacológica más, higiénica y segura" al tiempo afirmó que el aborto "hiere gravemente la dignidad de quienes lo cometen, dejando profundos traumas psicológicos y morales".
"La Iglesia –continuó tras reiterar que esta práctica es 'un detestable acto de violencia'–- alerta ante la gravedad del aborto determinando la excomunión para todos aquellos que colaboren como cómplices necesarios en su realización efectiva".
Por otra parte, el Obispo reclamó que es "un deber de estricta justicia" prestar apoyo a la mujer personal, económico y social "que merece la maternidad como valiosísima aportación al bien común".
"Por desgracia, las mujeres gestantes, abandonadas a su propia suerte o incluso presionadas para eliminar a su hijo, acuden al aborto como autoras y víctimas a la vez de esta violencia", concluyó.
Contra "esta" EpC
Por otra parte, y a raíz de la publicación esta semana de las sentencias del Tribunal Supremo relativas a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), Mons. Martínez Camino reiteró que "el Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral". "Su obligación –dijo– es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes corresponde tal función".
En este sentido, afirmó que con EpC "el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de derecho", además de considerar que con la asignatura se pretende "imponer la ideología de género y el relativismo moral". Y tras mostrarse a favor de "otra" Educación para la Ciudadanía, afirmó que "ésta es inaceptable".
Según el portavoz del Episcopado, el Estado "se convierte en formación estatal y obligatoria de las conciencias" al tiempo que afirmó que esta circunstancia "viola el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos".