La prensa local informó que el Gobierno de Evo Morales tendría en mente cobrar impuestos a la Iglesia por las Misas que oficia a pedido de los fieles, luego de ser votada la nueva Constitución el 25 de enero.
El subjefe de la bancada de diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), Jorge Silva, declaró que "hay que separar la parte lucrativa de la parte de la fe y del trabajo social que puede realizar la Iglesia". "No sabemos cuál es el trabajo social que realiza la Iglesia porque todo cuesta plata. El cura no hace nada gratis", añadió.
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En diversas ocasiones, voceros del Gobierno afirmaron que con la actual Constitución, la Iglesia goza de privilegios, y que con la nueva Carta Magna "la Iglesia Católica dejará de ser la religión oficial del Estado y, en consecuencia, perderá privilegios y, como prestadora de servicios, por ejemplo deberá pagar impuestos", afirmó Silva.
Ante esto, el responsable de la comisión episcopal de Comunicación Social, José Rivera, aclaró que la Iglesia no goza de privilegios y que hace dos años los obispos fijaron su posición sobre el artículo tercero de la Constitución que supuestamente genera esta serie de privilegios.
Según informó el Sistema de Información Maná, Rivera recordó que "los obispos han dicho textualmente luego de una asamblea que piden la revisión de ese artículo precisamente para evitar estos malos entendidos que existen al respecto".
El vocero episcopal añadió que la Iglesia cumple labores de promoción humana donde el Estado no llega.
"La Iglesia en Bolivia paga impuestos, a veces hay la sensación un poco fácil de pensar que basta que una obra tenga un nombre católico o pertenezca a la Iglesia Católica no paga impuestos, eso no es cierto, los colegios, las universidades, las obras de Iglesia pagan impuestos, en ese sentido es necesario compartir una información objetiva y veraz y tratar de evitar en lo posible una polémica innecesaria" dijo.
Por su parte, el vocero del Arzobispo de Santa Cruz, P. Marcial Chupinagua, recordó que "las cosas que se dan a nivel de la Iglesia están en nivel diplomático de acuerdos y concordatos con la Santa Sede, de Estado a Estado; entonces, a nosotros no nos tienen que alterar el orden del trabajo que hacemos, sino que ahí, de Estado a Estado tienen que darse esos acuerdos".
"Estas cosas no dependen ni del Cardenal, ni de nosotros; esto se hace de Estado a Estado y ahí, en La Paz, está el Nuncio Apostólico de Su Santidad", expresó a la prensa local.