Los grupos "Opción por los Pobres" y "Movimiento Somos Iglesia", que por mucho tiempo se han proclamado católicos y han exigido reformas a la Iglesia, se unieron a una larga lista de entidades abortistas y feministas para apoyar la despenalización del aborto en Chile.
Ambos grupos, identificados con la teología de la liberación, firmaron una "declaración pública" en la que decenas de grupos anti-vida, reclaman el aborto irrestricto como parte de "la libre opción sobre la maternidad de acuerdo a los propios proyectos y condiciones de vida".
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La declaración surge a propósito del caso de la joven chilena Karen Espíndola, embarazada de cinco meses, cuyo bebé sufre una grave malformación. El caso de Espíndola es presentado como motivo de "aborto terapéutico" a pesar de que los médicos no consideran que existe riesgo de vida para la madre.
Los firmantes demandan a las autoridades reponer "el aborto terapéutico, vigente en Chile hasta 1989 cuando fue derogado" por el régimen de Augusto Pinochet.
Ésta, "es una deuda que esta democracia mantiene con los derechos humanos de las mujeres, a quienes se las obliga a cursar embarazos con riesgo de vida, cuando han sido violadas o cuando el feto presenta graves malformaciones, desconociéndolas totalmente como sujetas de derechos sobre sus cuerpos y sus vidas", arguyen los firmantes.
En este sentido, sostienen que el aborto legal "también alude a muchas otras condicionantes sociales que moldean la experiencia reproductiva de las mujeres, tales como: pobreza, exclusión, marginación, violencia, falta de vivienda, desempleo, hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre otras".
Los grupos anti-vida reclamaron a las autoridades "el derecho de escoger cuándo ser madres y cuántos hijos e hijas tener, e incluso el derecho a no tenerlos. Una maternidad no debe ser impuesta por mandatos culturales o religiosos ni por leyes castigadoras".