El Arzobispo de San Salvador, Mons. Fernando Sáenz Lacalle, pidió al Gobierno de su país incorporar reservas en la declaración final de la Cumbre Iberoamericana, que pretende establecer una Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud que impondría el aborto y la ideología de género a las naciones del continente.
Mons. Sáenz Lacalle sugirió al Gobierno agregar como cautela a la declaración que "todos los compromisos asumidos se desarrollarán teniendo en cuenta el marco de la normatividad constitucional y legal vigente en el país respectivo", una posición que vienen promoviendo varios países de la región para evitar que la ideología de quienes han redactado la Convención no termine imponiéndose sobre las naciones soberanas.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Mons. Sáenz Lacalle también exhortó agregar como cautela el que "se aclara que la firma de esta declaración ha de entenderse con las limitaciones establecidas en los respectivos ordenamientos jurídicos de cada uno de los países".
El Prelado se reunió la semana pasada con funcionarios del Ejecutivo para abordar "todo lo que está implicado en la declaración que se va a firmar en la Cumbre Iberoamericana"; y señaló que "no se puede aceptar una imposición de un organismo internacional que vaya en contra de la Constitución", denunció.
El Arzobispo reiteró su rechazo a la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud y propuso que El Salvador elabore su propia ley de juventud adecuada e inspirada en los valores fundacionales de la nación.
"La Convención pone al Estado por encima de la familia. También presenta una grave confusión en temas de tipo moral", explicó el Arzobispo.
La ley nacional de la juventud, explicó, "estaría de acuerdo con el tejido social, la historia, la moral y valores del pueblo".
El Gobierno de El Salvador ya ha anunciado que no ratificará la Convención Iberoamericana porque el texto "tiene incompatibilidades con nuestra Constitución y con la moral que es aceptable para la sociedad salvadoreña".