La Plataformas "Toledo educa en libertad" y "¿Xq te callas?", y la Asociación "Educación y Persona", denunciaron que un inspector de educación violó el derecho de siete alumnos objetores al obligarlos a ingresar al aula para escuchar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).
"Todo marchaba perfectamente en el IES de Yepes (Toledo) en el que se han producido los hechos; durante los primeros días de curso el centro habilitó una sala para uso de los alumnos objetores, sin que hubiera problema alguno por parte de ningún trabajador del centro. Solo cuando el inspector de Educación visitó el centro, el director recibió la orden tajante de obligar a los alumnos objetores a pasar a clase", relató Profesionales por la Ética (PPE).
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Ante ello, PPE recordó que el funcionario público incurrió en delito al violar el artículo 542 del Código Penal y "podrá ser inhabilitado para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años".
Además, recordó, el funcionario público que amenaza o presiona a los objetores o a sus hijos viola la Constitución española, la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común, y diversas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.
"En toda España –señaló-, se han dictado 123 fallos judiciales (sentencias y Autos estimando medidas cautelares) que amparan a los objetores a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía".