El Arzobispo de Mérida, Mons. Baltazar Porras, advirtió que las 26 leyes aprobadas a finales de julio por el Presidente Hugo Chávez "están dirigidas fundamentalmente a consolidar el poder y el control del Estado, y el Gobierno sobre los ciudadanos".
En declaraciones a una radio local, el Prelado señaló que el paquete de 26 normas es inconstitucional, va contra el ordenamiento jurídico, y reafirma la voluntad del Gobierno de actuar desconociendo permanentemente la ley.
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El también presidente de la comisión de medios de comunicación del Episcopado venezolano, añadió que estas leyes vienen para acabar con la Constitución del año 1999. "Se debilita la seguridad, la tranquilidad, el presente y el futuro de todos los venezolanos, lo vemos entre otras cosas en situaciones muy concretas como las que ha habido entre otras cosas con los apagones, continúan y es crónico en algunas regiones del país", indicó.
El Prelado recordó que para que las leyes "tengan algún sentido, algún valor, tienen que representar los intereses, angustias y esperanzas de toda la población".
Mons. Porras señaló que "no se puede seguir actuando ni bajo la fórmula de leyes habilitantes o de aprobación express", pues se emiten normas "sin tomar en cuenta a todas las otras instituciones y a la gente".
"Se legisla en nombre de, como si estuviéramos en tiempo de la Ilustración, en tiempo de Carlos III, en el que se tiene hasta la potestad de saber que piensa, que quiere, y que busca el pueblo", denunció.
Por otra parte, el Arzobispo de Mérida llamó al Gobierno a promover valores en los jóvenes en vez de enseñarles a manejar armas "para defender la revolución".
En enero de 2007, la Asamblea Nacional emitió la Ley Habilitante que otorgaba plenos poderes a Hugo Chávez para legislar sobre diversos temas. El plazo dado caducó el 31 de julio de 2008. Ese día, el mandatario venezolano anunció un paquete de 26 leyes que ha sido rechazado por la oposición.
Las críticas aumentaron desde que el Presidente admitió en su programa televisivo que dichas normas incluyen aspectos que fueron rechazados en el referendo del 2 de diciembre pasado, sobre la reforma constitucional.