La asociación Profesionales por la Ética (PPE) denunció que la Consejería de Educación de Castilla y León dirigió a los padres de familia cartas en las que les exige, en un plazo máximo de diez días, enviar nuevos documentos para sustentar la objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC), de lo contrario se considerará que desistieron en el ejercicio de este derecho.
En información recogida por HazteOir.org, PPE señaló que esta actitud ha causado malestar entre los padres objetores. "No se entiende que la Consejería haya demorado tanto tiempo su contestación (a las solicitudes de objeción), y que pida ahora estos documentos, cuando además muchos colegios empiezan a cerrar sus puertas y los alumnos y, en bastantes casos los padres, están de vacaciones", expresó.
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Asimismo, se indicó que los documentos que pide la Consejería de Educación, como la "paternidad" de los hijos, están en poder de los colegios y, por tanto, a disposición de las autoridades escolares.
El presidente de PPE, Jaime Urcelay, señaló que "desde un punto de vista legal, cuesta mucho trabajo entender la postura de la Consejería de Educación".
Urcelay recordó que "algo similar quiso hacer la Junta de Andalucía en el principio del presente curso, e inmediatamente tuvo que abandonar su postura cuando le llovieron los recursos de los padres".
Señaló que esta posición es "obstruccionista" e "insólita", teniendo en cuenta que "el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en una situación idéntica a la del currículo" de Castilla y León, reconoció "el derecho de los padres a la objeción de conciencia y la ilegalidad de los contenidos obligatorios de EpC.
"A la vista de esta sentencia, la Consejería de Educación debe rectificar cuanto antes la no admisión de la objeción, en lugar de poner más piedras en el camino de unos ciudadanos que sólo están ejerciendo derechos fundamentales consagrados en la Constitución", expresó Urcelay.