La Comisión de Migraciones y Turismo del Episcopado argentino, reunida en la ciudad de Mendoza, emitió un enérgico documento en el que denuncia que la nueva política europea contra los inmigrantes es una duro golpe a los derechos humanos.
El documento, titulado "He visto el dolor de mi pueblo", critica en general el endurecimiento de la política migratoria europea, que prevé la expulsión de ciudadanos latinoamericanos sin papeles del continente, y repudió la trata de personas, a la que consideró una "gravísima violación de los derechos humanos".
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Los delegados episcopales advirtieron que "no se puede callar el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas nuestros, especialmente mujeres y niños que padecen esta inhumana esclavitud, que es una gravísima violación a los derechos humanos".
Tras reconocer que la trata de personas es un problema "difícil y complejo de abordar", la Iglesia se comprometió a "seguir afrontando este desafío" pastoral.
"Somos conscientes de que algo o mucho podemos hacer. Es responsabilidad de cada uno comprometernos con esta realidad, apoyando todas las iniciativas y decisiones que contribuyen a la prevención de este flagelo"; dice el documento, que también estima necesario optimizar esfuerzos para "lograr rescatar y apoyar a mujeres y niños involucrados con el engaño y el chantaje en el comercio de órganos, la prostitución, el trabajo en condiciones de esclavitud, la venta de bebés recién nacidos, etc."
El texto exhorta a las personas de buena voluntad a "denunciar estos hechos, asistir a las víctimas cuidando la recuperación de sus personas para repararles el daño sufrido y protegerlas, defendiendo su dignidad e integridad".
La Comisión Episcopal se refiere también en el comunicado a "los recientes sucesos ocurridos en diversos países de Europa en contra de los inmigrantes, entre los cuales se encuentra un importante número de ciudadanos latinoamericanos".
"Recordamos con firmeza que el respeto por la persona y sus derechos no depende de su nacionalidad ni de cupos laborales excluyentes, sino de su dignidad humana y de hijos de Dios", dicen los obispos, que expresaron su "cercanía y oración por las víctimas que sufren a causa del delito de trata y tráfico de personas y de los inmigrantes marginados y rechazados" y pidieron a la Virgen María que "ayude a todos a sentirse siempre ciudadanos de un mundo sin fronteras"
La mayoría de los países latinoamericanos han criticado el endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea, aprobada el 18 de junio, y que ya generó incidentes con ciudadanos latinoamericanos al pretender ingresar al continente, sobre todo a través de España.
La nueva norma prevé que los inmigrantes en situación irregular serán retenidos e internados en centros especiales durante un periodo máximo de 18 meses, mientras se tramita la expulsión de Europa, sin derecho a regresar en cinco años.