A pesar de las presiones de las autoridades educativas españolas, que han negado a los padres de familia el derecho a objetar la controvertida materia de "Educación para la Ciudadanía", el miércoles se han hecho públicas tres nuevas resoluciones judiciales amparando a los padres frente al adoctrinamiento ideológico que supone la asignatura.
La resolución judicial más relevante es una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia frente a esta asignatura, por considerar que su contenido vulnera la libertad ideológica y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
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Según la organización independiente Profesionales por la Ética, "esta Sentencia es extremadamente importante", porque "el Alto Tribunal de La Rioja viene a decir que incluso los contenidos pretendidamente rebajados por el (opositor) PP vulneran el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos".
Además, en otro recurso que tiene pendiente de resolver, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado un Auto concediendo las medidas cautelares a un alumno objetor a Educación para la Ciudadanía, que queda exento de cursar la asignatura mientras no se resuelva el fondo del asunto.
La tercera de las resoluciones que se han hecho públicas esta semana es una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cual ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia frente a esta asignatura, por su carácter adoctrinador.
En efecto, el TSJA considera que los padres, en virtud de su derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa, pueden "hacer valer la vertiente negativa de esa misma libertad frente a lo que considera un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias".
Frente a las crecientes presiones de las autoridades educativas socialistas, el derecho a la objeción de conciencia sigue prosperando en el poder judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por ejemplo, declaró el pasado 11 de febrero que la Constitución Española reconoce el derecho a que se garantice la libertad ideológica y religiosa de todas las personas y por ello, de los padres respecto de sus hijos menores, así como el deber del Estado y de todos los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética, señaló que "estas nuevas resoluciones judiciales son una excelente noticia para el movimiento objetor a EpC y en general para todos los ciudadanos conscientes de que esta asignatura vulnera las libertades fundamentales de los padres".
Más información: http://objetores.org/