Ante el debate en la Asamblea Constituyente del Ecuador, donde se ha propuesto el reconocimiento constitucional de los homosexuales a contraer "matrimonio" e incluso adoptar hijos, el Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Antonio Arregui Yarza, señaló que esta medida es jurídicamente innecesaria y solo tendrá como efecto la descomposición de la familia como célula básica de la sociedad.
En una carta dirigida a todos los fieles del país y leída en todas las iglesias, Mons. Arregui recuerda que la Iglesia ha decidido intervenir en este caso porque es su deber "la promoción y tutela de la dignidad de la persona humana a la luz del Evangelio y de la recta razón".
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"En ocasión de los debates sobre la nueva Constitución, y aún antes, han surgido ciertas propuestas encaminadas a equiparar la unión entre personas homosexuales al matrimonio y a la familia", frente a lo cual los obispos del Ecuador "hemos sostenido una enseñanza común en el sentido de que no puede hablarse de matrimonio ni de familia en las uniones que puedan formar personas homosexuales".
"De otro lado –sigue la carta–, la moral cristiana considera la práctica homosexual como un grave desorden moral incompatible con la vida de fe, porque contrasta con la ley natural y los mandamientos de la Ley de Dios. Este juicio moral proclama, al mismo tiempo, el respeto que hemos de tener a los demás, a toda persona humana y a sus libres decisiones. No establece discriminaciones injustas. La Iglesia acoge con respeto, comprensión y delicadeza a los hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales".
Sin embargo, Mons. Arregui destaca que, cuando el tema se lleva a la legislación del país, "ninguna ley puede tratar de asimilar estas relaciones y convivencias con la incomparable riqueza del matrimonio y la familia".
El Prelado explica que los grupos de presión homosexual han planteado la supuesta necesidad de regular los derechos y obligaciones "que puedan originarse en una relación duradera entre personas homosexuales".
"La salida jurídica para esos posibles derechos y obligaciones es el cauce general de las leyes, sin necesidad de crear singularidades específicas", concluye el comunicado.