El Arzobispo de La Plata, Mons. Héctor Aguer, aclaró que la Iglesia Católica no se opone a la educación sexual en las escuelas sino que pide a las autoridades proponer programas de "educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia".
"Corre la voz, frecuentemente, de que la Iglesia está en contra de la educación sexual. Falso", sostiene el Arzobispo y explica que solo "nos oponemos a la transmisión en la escuela de una noción de la sexualidad humana que elude toda referencia fundante a la naturaleza de la persona y de sus actos y que se agota en información parcializada y en la recomendación de la sospechosa seguridad que brindan anticonceptivos y preservativos".
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"Esta instrucción incompleta, y a la vez explícita, no toma en cuenta la dimensión afectiva y relacional, la necesidad de la autodisciplina y del respeto a valores objetivos; tal enfoque conlleva el riesgo de estimular en los adolescentes el acceso prematuro e irresponsable a la experiencia sexual", advierte.
Según Mons. Aguer, "los fundamentos de esta versión reduccionista de la educación se encuentran en la ideología de género, en la sociología constructivista y en las ideas de Michel Foucault, según el cual la sexualidad habría sido confiscada por la familia conyugal para absorberla en la seriedad de la función reproductiva. El propósito implícito es, entonces, liberar a los adolescentes argentinos de ese ‘estereotipo cultural’. Con estas orientaciones sólo puede temerse la destrucción de la familia y la consiguiente ruina de la sociedad".
Asimismo, advirtió que "en las últimas semanas ha cobrado notoriedad un proyecto legislativo que propone difundir en las escuelas bonaerenses la esterilización quirúrgica".
"La norma merece un reproche ético gravísimo, ya que promueve una mutilación contraria al bien integral de la persona: la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir", precisa y lamenta que un grupo de diputadas del oficialismo haya cuestionado la participación de la Iglesia en el debate calificándola de "eventual intromisión".
"Llama la atención esta inclinación totalitaria de las legisladoras, ya que no sólo los obispos, sino cualquier ciudadano y en el caso comentado los padres de familia, tienen el derecho y el deber de peticionar y de emprender toda gestión legítima para procurar que las leyes que se dicten no contradigan el orden moral", precisa.