Una nueva ley aprobada por el parlamento de Cataluña (España) que deja en manos de autoridades locales el derecho a establecer dónde y cómo se utilizan templos religiosos ha recibido el rechazo de la Iglesia en la región, y podría acabar en la Corte Constitucional.
La ley, aprobada por el trío de partidos que conforman la gobernante coalición de izquierda, pretende supuestamente regular el crecimiento indiscriminado y sin licencias de las mezquitas; pero no establece diferencia alguna entre las denominaciones, y en la práctica le concede la potestad a un alcalde de pueblo cerrar un templo católico temporal o definitivamente si así lo desea.
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"Siempre será inadecuado regular con una misma legislación centros de culto y de reunión muy diferenciados según las confesiones religiosas y con una presencia en la sociedad catalana tan asimétrica", señaló Secretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense y Obispo de Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; quien criticó además que la ley, que aun debe ser regulada, "no deja claro que no tendrá efectos retroactivos hacia los centros ya en activo, estén o no catalogados como bienes patrimoniales".
Según explicó el Prelado, bajo la excusa de controlar el crecimiento explosivo y desordenado de templos, especialmente mezquitas en la región, la ley "deja demasiada discrecionalidad a la administración cuando habla de un reglamento posterior que lo regulará más en concreto".
"Lo que queremos es que los centros de culto y de reunión de la Iglesia católica no queden a merced de una licencia municipal del color político de cada Ayuntamiento, sino que se valore que son cooperadores para el bien de los ciudadanos, y que en lugar de trabas al ejercicio de lo que son derechos fundamentales de los ciudadanos católicos, se nos ayude para poder cumplir las propias finalidades religiosas".
La oposición en el parlamento también ha denunciado la ley, señalando que "utiliza el urbanismo como treta para regular los centros de culto y un derecho, el de la libertad religiosa, que ya protegen normas de mayor rango".
La diputada Ángels Olano ha señalado que la nueva normativa infringe la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y el Concordato entre España y el Vaticano; y anunció que la oposición está estudiando cuestionar la ley ante la Corte Constitucional.