Representantes de diversas denominaciones han expresado su preocupación por un controvertido "anteproyecto de ley sobre centros de culto o de reunión con fines religiosos", que en la práctica recortaría drásticamente el derecho a la libertad religiosa en Cataluña y que podría aprobarse en febrero.
El anteproyecto de ley plantea que para reunirse en un local "con fines religiosos", el local necesitará una licencia. Y la licencia, la dará (o quitará) el ayuntamiento. Según esta ley cualquier alcalde puede cerrar cualquier parroquia por no disponer de licencia para realizar actividades religiosas.
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Por lo demás en Cataluña no se podría abrir ninguna parroquia nueva si el poder político no lo permite. Más aún, el poder político podría cerrar todas las parroquias que quiera no dándoles o no renovándoles la licencia.
La ley implicaría además que la reunión en la calle, en un parque o en el campo para cantar canciones religiosas o para rezar o para realizar romerías o procesiones es un delito si no se dispone de la pertinente licencia para realizar esa actividad religiosa.
El anteproyecto de Ley ha sido elaborado por la Dirección de Asuntos Religiosos de la Generalidad de Cataluña, que depende de la vicepresidencia de Josep Lluís Carod-Rovira.