Tras la aprobación en el Senado uruguayo de una ley que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación, resta todavía el debate de este proyecto en la Cámara de Diputados. De ser aprobado en esta cámara, los uruguayos esperan el veto administrativo del Presidente Tabaré Vásquez, medida ofrecida por él mismo, para que la ley no se aplique.
Al respecto, la ONG Pro-Vida de Argentina, señaló que el mandatario afirma que él ya "ha vetado políticamente esta iniciativa y que lo refrendará administrativamente si llegara a ser sancionada. El veto ha sido explicitado de modo público a través de declaraciones a la prensa oral y escrita".
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"Uruguay vive, como el resto de los países de la región, una intensa presión para cambiar sus normativas internas y para que adopten la agenda que determinados centros de poder internacional quieren imponer", indica el Presidente de Pro-Vida, dr. Roberto Castellano.
"La anticoncepción, el aborto provocado químico o quirúrgico, la promoción de la homosexualidad como valor cultural, la eutanasia, el feminismo de género antifamilia, el indigenismo panteísta y el ecologismo catastrofista, no son más que armas ideológicas que se utilizan para formatear la sociedad en la aceptación del control demográfico, la subordinación jurídica colonial y la aceptación del subdesarrollo como manifestación de progreso renegando de toda visión espiritual o trascendente del ser humano", explica.
Para Castellano, "se insiste que los países de la región no crezcan, manteniéndose como simples proveedores de materias primas, destinando sus exiguos recursos a atender el sistema financiero externo de sus deudas externas, descuidando la inversión social necesaria para sus propias poblaciones".