Carlos Morín, el dueño de las clínicas abortistas intervenidas en Barcelona por practicar abortos ilegales hasta el octavo mes de gestación, comisionaba a centros abortistas de todo el mundo para que le remitieran mujeres en el tercer trimestre de gestación.
Según reveló Cristina Rieder, una ex colaboradora de la Fundación Morín, al semanario Alba, Morín pagaba una comisión a centros abortistas de todo el mundo para que le remitieran estos casos.
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"Estaba especializado en aborto de tercer trimestre y tenía una cuota de dos ‘tres trimestres’ al día; si no la conseguía, se ponía nervioso", señaló Rieder y confirmó las otras irregularidades denunciadas por el testigo protegido del caso Morín.
Según Rieder las enfermeras eran empleadas de limpieza, los "médicos" no contaban con papeles ni con los permisos necesarios y los informes psiquiátricos eran una farsa. Rieder también confirmó que el dinero negro abundaba y ofrecía "packs de viajes más abortos por seis mil euros, siempre en efectivo".
Rieder sostiene que informó de las presuntas prácticas ilegales de Morín a la Fundación Salud y Familia de la Generalitat y a la consejería de Salud pero no le hicieron caso, "Increíblemente me dijeron que probara lo que estaba diciendo", señaló.