El Obispo de Santa Rosa, Mons. Rinaldo Fidel Bredice, encabeza la tarde hoy 4 de diciembre a las 18:00 horas (hora local) una gran marcha hacia la sede del gobierno de la provincia de La Pampa, en rechazo a la ley que regula la "Atención sanitaria en casos de aborto no punible" y para exigirle al gobernador Carlos Verna el veto a esta norma anti-vida aprobada el pasado jueves.
"Nosotros no vamos contra el aborto, vamos por la vida. Vamos por lo positivo que sería un subsidio para la madre soltera o se faciliten los trámites de adopción, y no por lo fácil que es asesinar a una criatura de Dios en el seno materno", señaló a AICA el Prelado argentino.
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Asimismo, el Prelado comentó que esta norma abortista "no representa a los pampeanos" y que "es solo el primer paso en la lógica de la cultura de la muerte, después viene la eutanasia, como en la vecina Río Negro, y más adelante el matar a los feos".
"Todo ser humano tiene derecho a la vida. Las autoridades deben procurar, ante todo, la defensa de éste, que es el primero de los derechos humanos. El aborto es un delito de lesa humanidad contra inocentes", dijo el Obispo en la convocatoria a esta marcha.
Norma abortista es inconstitucional
Por su parte, la senadora nacional Liliana Alegre de Alonso, Presidenta de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, manifestó su "expreso repudio a la sanción de la ley de la provincia de La Pampa, llamada "Atención sanitaria en casos de aborto no punible" por ser "manifiestamente inconstitucional y violatoria de los pactos internacionales suscritos por nuestro país".
La senadora argumentó que "a partir de la reforma del año 1994 los Tratados Internacionales suscritos por la Argentina" como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, "garantizan la vida desde la fecundación" y "tienen jerarquía constitucional".
Al ratificar Argentina la Declaración de los Derechos del Niño, explica Alegre, esta nación declaró que "se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años".
Tras precisar estas inconsistencias de la nueva norma, la senadora destacó que ésta "no incorpora la objeción de conciencia institucional para amparar a los establecimientos que se niegan a esta tipo de prácticas y que luchan por defender la vida de las personas por nacer, de conformidad a sus principios y a sus idearios".
Finalmente, Liliana Alegre expresó su confianza en "que la racionalidad del gobernador en ejercicio o del gobernador electo, hagan que la norma sea vetada o en su caso instamos a los defensores de los derechos humanos a que impugnen de inconstitucionalidad esta herramienta legal, alumbrada por los defensores de la cultura de la muerte, ello en defensa del primer derecho humano que es el Derecho a la Vida y del bebé neonato, que es objeto en esta ley, de una persecución despiadada".