El Gobierno del Distrito Federal se comprometió a resguardar la seguridad de la Catedral Metropolitana, así como la integridad de los feligreses y del clero, de posibles ataques como el ocurrido el domingo 18 de noviembre que propició el cierre del templo.
En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, afirmó que este primer acuerdo entre la Arquidiócesis y el gobierno local incrementa las posibilidades de una pronta apertura de la Catedral. Sin embargo, señaló que serán los obispos locales quienes dirán si se abre o no nuevamente el templo.
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Martínez reconoció la "voluntad política" de las autoridades para dialogar "más allá de las diferencias ideológicas" entre las partes. El gobierno, dijo, "sabe actuar y responder sensiblemente a las necesidades de sus gobernados, en la tesitura de garantizar políticas públicas en las que se marca tolerancia y respeto a los demás", porque así se "salvaguarda la libertad de culto".
Estas declaraciones se dieron después de que en un documento, el titular del área jurídica de la Secretaría de Seguridad pública del Distrito Federal, José Luis Guerrero Mendoza, condenara los hechos del domingo por ser un acto "altamente reprobable".
Por su parte, en un comunicado, los obispos auxiliares indicaron que el proyecto de seguridad pública presentado, "en principio cumple con todas las demandas de la Arquidiócesis de México para brindar seguridad a los fieles que asisten a los oficios religiosos, así como a los pastores que prestan sus servicios en la Catedral".
Sin embargo, señalaron que en conferencia de prensa informarán sobre la posible apertura del templo "una vez que se hagan probables observaciones al documento de propuesta de Seguridad Pública para la Catedral de México".