La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra las feministas de la Red de Mujeres Contra la Violencia, porque habrían encubierto la violación de una menor en el año 2003.
Un tribunal declaró culpable del delito de violación a Francisco Leonardo Fletes Sánchez, padrastro de la niña conocida como “Rosita”. El Ministerio Público ha solicitado imponer la pena máxima de 30 años de cárcel, señalando como agravantes el hecho de que la víctima dependía del victimario por existir una relación matrimonial con su madre, y porque cuando ocurrió la primera violación en Costa Rica, “Rosita” tenía menos de diez años.
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La niña, presionada entonces para culpar a un campesino inocente, fue sometida a un aborto orquestado por las feministas; luego de lo cual siguió viviendo con el verdadero autor, éste siguió abusando de ella y resultó embarazada por segunda vez. El caso salió a la luz hace algunas semanas debido a una denuncia periodística.
La violación perpetrada en Costa Rica nunca fue investigada por la Fiscalía de Nicaragua, a pesar de una solicitud expresa presentada por la organización ANPROVIDA y otros grupos que ofrecieron alternativas legales y médicas para ayudar a la niña con su primer embarazo.
“Lo más impresionante de esta nueva denuncia ante el Ministerio Público de Nicaragua, es que las miembros de la autodenominada ‘Red de Mujeres Contra la Violencia’ conocieron los verdaderos hechos sobre la violación que perpetraba el padrastro de la niña y que provocó su primer embarazo, pero se convirtieron en cómplices y encubridoras del delito de violación para mantener y defender sus propios fines pro-aborto, asociándose para cometer delito y hacer apología del mismo”, denunció Carlos Polo, director para América Latina del Population Research Institute (PRI).
Según Polo, “el victimario se mantuvo en convivencia con su víctima gracias a las gestiones de la ‘Red de Mujeres Contra la Violencia’, quienes lo apoyaron económicamente desde el 2003 y mantuvieron ocultos a la niña, la madre y el violador para poder continuar con sus campañas pro-aborto y obtener fondos, inclusive a nivel internacional”.
La ANPDH ha interpuesto una denuncia pública contra María Luisa Molina Arguello, Juana Antonia Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizarro, Martha María Blandón Gadea, Martha Munguía Álvarez y Lorna Norori Gutiérrez, por existir presunciones de su participación como encubridoras del delito de violación y autoras de los delitos contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir y apología del delito de aborto.
La ANPDH confía en que “el Ministerio Público ejercerá debidamente la acción penal en esta ocasión y con esta nueva denuncia, esperando que la institución haya superado los obstáculos que le impidieron cumplir con su deber desde el año 2003 y que ahora en 2007, con nuevo hechos, vuelve a poner a prueba su imparcialidad en este caso”.