Los Profesionales Católicos de Pastoral Penitenciaria Argentina (PROCAPP) pidieron "acabar con los abusos y la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, físicos y psíquicos, que son moneda corriente en nuestras unidades penitenciarias y policiales".
Ante los recientes hechos ocurridos en cárceles argentinas como Mendoza, Villa Gobernador Gálvez, Córdoba, Coronda, Magdalena y Santiago del Estero, PROCAPP afirma que "las cárceles son para seguridad y no para la muerte de los encarcelados alojados en ella" y toda "conducta de la Administración que no pueda evitar esos sucesos es una omisión gravísima que hace responsables a los funcionarios".
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En un comunicado firmado por el Coordinador Nacional de PROCAPP, Alejandro Ramírez Llorens, y el Secretario Ejecutivo de la Pastoral Penitenciaria del Episcopado Argentino, P. Javier Ladrón de Guevara, se advierte que "tan grave como estar ilegalmente encarcelado es estar encarcelado en situación ilegal" y "los jueces no pueden alegar desconocimiento de lo que quieren ignorar".
"La necesidad de prevenir o sancionar conductas de los carcelados no justifica" la situación en que viven los reclusos y es "responsabilidad del Estado por una grave falta de servicio", sin embargo en estos casos "siempre se abrirá una investigación para rehuir responsabilidades más que para averiguar los responsables", señala el documento.
Por su parte los sacerdotes de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Santiago del Estero se sumaron a los reclamos y denunciaron la "inhumana superpoblación" en ese penal, donde recientemente murieron 32 reclusos, y exigieron una "profunda revisión del sistema penitenciario que no respeta los derechos inalienables de los encarcelados, que humilla a las familias visitantes, especialmente a las mujeres".
"Los empleados del servicio penitenciario, con la falta de formación profesional y el salario que no justifica su tarea, son también afectados por este sistema colapsado", aseguraron los presbíteros y reclamaron una "urgente una solución estructural".
También los miembros de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz se unieron a los reclamos e indicaron que "las cárceles aparecen como la solución a los excluidos, pasando a ser depósitos de ‘personas indeseables’" y mientras "el Estado no comience seriamente a pensar en políticas de inclusión, seguirá en aumento la situación de marginalidad en la que viven los pobres en la Argentina".
"Las cárceles no se inventaron para curar y rehabilitar, sino para excluir; no integran, segregan, marginan; no alivian, enquistan los males y matan", manifestaron. "El fin rehabilitador se agregó como barniz humanista, porque no se pudo sostener semejante crueldad inútil", aseveraron.