La controvertida Ley de Memoria Histórica que aprobó el Congreso español esta semana, obligará al retiro de todos los monumentos, símbolos o nombres de lugares públicos establecidos después de la Guerra Civil española, con excepción de los símbolos artísticos y religiosos de la Iglesia.
El proyecto original, de la ley, que no consiguió la mayoría de votos, contemplaba la penalización de las instituciones privadas, incluyendo la Iglesia, que no retirar símbolos considerados "franquistas", incluyendo cruces y memoriales erigidos en honor de los mártires tras la conclusión de la Guerra Civil.
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Sin embargo, gracias a una modificación acordada a última hora para lograr los votos del partido catalán "Convergencia y Unión", la ley permitirá a la Iglesia invocar razones "artístico-religiosas" para no tener que retirar de sus edificios símbolos conmemorativos de la Guerra Civil.
La ley señala explícitamente que la retirada de memoriales posteriores al conflicto "no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley".