El Comité de Empresa del Profesorado de Religión de la provincia de Granada denunció esta semana a las autoridades socialistas de Andalucía por crear restricciones que impiden a los maestros de religión acceder a puestos de responsabilidad y autoridad en la región.
Juan Carlos Valle Plaza, Secretario del Comité, recordó que por ley, todos los profesores de Religión contratados pasaban automáticamente a formar parte de la plantilla estable de la Administración educativa.
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Sin embargo, la Administración de Andalucía “ha actuado a espaldas de la ley cambiando la modalidad contractual de los trabajadores, disminuyendo las horas de trabajo y cambiando de centros saltándose así el procedimiento que está regulado por el Estatuto de los Trabajadores”.
“Por motivos ideológicos, y solamente en Andalucía –sigue Valle Plaza– al profesor de Religión se le prohíbe taxativamente ejercer otras funciones que no sean la de impartir clase de Religión. De tal manera, que se les consideran profesionales de ‘segunda’ y no idóneos para ser tutores, jefes de departamento, ejercer funciones directivas, tener reducción de la jornada por ser mayor de 55 años, poder impartir de manera residual y cuando el centro lo necesita asignaturas afines”.
Para el dirigente, “es vergonzoso saber que en el resto de España los profesores de Religión están capacitados para el desempeño de cualquier tarea docente y en Andalucía, por una decisión política, se margina al profesor de Religión en base a ninguna normativa o ley en donde exprese las limitaciones a la capacidad de este profesional para desempeñar cualquier tarea docente”.
una demanda de conflicto colectivo