El Comité de las Naciones Unidas que evalúa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) criticó a Honduras por mantener leyes pro-vida y aseguró ante su delegación que la prohibición total del aborto "es un crimen".
Según informó la organización C-FAM, el miembro del Comité, Heisoo Shin, dijo a la delegación hondureña que era necesario que el gobierno creara "una fuerza social para detener el crimen de permitir que una mujer muera, que se arriesga en abortos no seguros y no pueda autodeterminarse".
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Cuando la delegación hondureña replicó que el gobierno despliega esfuerzos para evitar los embarazos precoces, otra integrante del CEDAW identificada como Silvia Pimentel de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, arremetió contra el gobierno hondureño alegando que "hay situaciones en las que no basta la prevención".
"Las mujeres tienen razones para buscar un aborto, que deberían ser respetadas", señaló Pimentel y admitió que estas "razones" no siempre incluyen un riesgo para la vida de la madre y que no podía entender una prohibición total para esta práctica porque en Honduras se ponen "los intereses del feto por encima de los de la madre".
La delegación hondureña reconoció ante el Comité que su constitución protege a los no nacidos con los mismos derechos que los niños nacidos.