El Arzobispado de México señaló que la iniciativa legal para modificar las leyes que rigen a las asociaciones religiosas proviene del Colegio de Abogados Católicos, una asociación de la sociedad civil, y no del Cardenal Norberto Rivera o de la jerarquía, "aunque ha recibido el beneplácito" de los obispos y de varias asociaciones religiosas.
A través de un comunicado, aseguró que el Purpurado no tiene considerado presentar ante el Congreso o el Senado "ninguna iniciativa de reforma de ley para modificar el actual marco jurídico que rige a las Asociaciones Religiosas y que tenga que ver con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la posesión de medios de comunicación y mucho menos el financiamiento a las Iglesias vía impuestos como se hace en algunos países desarrollados".
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El comunicado, emitido "a propósito de la confusión" generada por algunas opiniones del Purpurado a un diario local, aclaró que lo que el Cardenal manifestó fue la necesidad de "ampliar el concepto de libertad religiosa si queremos que México vaya creciendo en su itinerario democrático", con una legislación que se adecue a la Carta Magna, que garantiza derechos humanos como los de expresión y reunión.
"Las reformas al marco jurídico actual tienen un fin absolutamente legal y humanitario" para que la Constitución no se contradiga al garantizar derechos a unos y negárselos a otros, señaló; y explicó que "se trata de respetar los derechos y libertades de los ministros de culto que hasta la fecha siguen siendo considerados ciudadanos de segunda" y que "los hace víctimas de una incomprensible discriminación religiosa".
Aclaró que la Iglesia no pide privilegios sino el trato igualitario a los ministros de culto para que "gocen del ejercicio de sus garantías individuales y no sean amenazados o perseguidos por profesar su fe o iluminar la realidad social desde los valores de la Palabra de Dios".
Asimismo, señaló que al opinar sobre el derecho de los ministros de culto de ser votados, el Arzobispo expresó que ello es algo que no se le puede negar a ningún ciudadano pero, "dejó perfectamente en claro que la Iglesia Católica no tiene interés alguno en llevar a la práctica este derecho por no convenir ni a la Iglesia ni a la sociedad, y por otra parte, la ley canónica prohíbe estrictamente a todos los sacerdotes postularse para puestos de elección".
También "afirmó que la Iglesia no tiene interés en asociarse políticamente, y cuando emerge una critica a algún partido político es porque sus principios o plataformas electorales atentan contra los valores cristianos y el Evangelio, y pone en peligro la salud espiritual de los fieles laicos. No se trata de una intromisión política sino de una misión profética que es inherente a la misión pastoral de la Iglesia".
El Cardenal, señaló el texto, expresó que el criterio de los pastores para opinar sobre temas nacionales siempre será la búsqueda del bien común y la protección de los valores cristianos.
El comunicado aseguró que el Arzobispo dejó en claro en la entrevista que la principal labor de los pastores es ser ministros del Evangelio, acercar a los hombres a Dios y buscar su salvación eterna; "sin embargo, los fieles cristianos están en este mundo y sus pastores no pueden desentenderse de sus problemas concretos. La misión de la Iglesia no puede supeditarse al interior de los templos y a la practica del culto".
Finalmente, afirmó que la Arquidiócesis "tiene clara la conveniencia de la separación de la Iglesia y el Estado y al emitir sus opiniones y críticas al actual marco jurídico que rige a las Asociaciones Religiosas no pretende debilitar al Estado laico y mucho menos pretende instaurar un Estado confesional, lo único que pide es una auténtica libertad religiosa que salvaguarde los derechos humanos de los ministros de culto que, por desgracia, en México aún no son reconocidos en su totalidad".