El presidente del Colegio de Abogados Católicos (CAC), Armando Martínez Gómez, anunció la presentación al Congreso Nacional y a las legislaturas locales una iniciativa para reformar la Constitución, a fin de que exista realmente libertad religiosa en el país y se pueda dar educación religiosa en los colegios públicos.
"Es muy importante que México reforme la Constitución, los artículos 24, 130 y tercero, para que haya una verdadera libertad de religión, porque México sigue siendo un país restrictivo en esta materia y por eso está puesto el dedo en ese tema por parte de la Iglesia", expresó el presidente del CAC, que actuara en representación del Arzobispado de México.
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Recordó que cuando hubo el debate sobre la despenalización del aborto en el DF, "los ministros de culto tuvieron la restricción a su libertad de expresión". Tal es el caso, indicó, "que todavía tenemos denuncias penales pendientes".
Martínez Gómez señaló que los ministros de culto "son ciudadanos que tienen derecho, como el resto de los mexicanos, a asumir y expresar opiniones y posiciones políticas, no partidistas"; sin embargo, expresó, esta es una de las limitaciones que tienen que enfrentar frecuentemente.
Asimismo, afirmó que otro de los objetivos de la iniciativa es lograr que en los colegios públicos se pueda dar educación religiosa, y así los padres puedan ejercer su derecho a decidir si quieren esta formación para sus hijos.
Por su parte, el portavoz del Arzobispado de México, P. Hugo Valdemar, indicó que "no se trata de avasallar al Estado laico o de volver a viejos fueros y privilegios; se trata de hacer congruente nuestra propia Constitución que por un lado brinda garantías a todos los ciudadanos, pero en la ley reglamentaria nos quita esas garantías".
No se pide una dádiva
Por su parte, la oficina de prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano afirmó que cuando se exige libertad religiosa no se está solicitando "una dádiva, un privilegio, una licencia que depende de situaciones contingentes, de estrategias políticas o de la voluntad de las autoridades, sino que está pidiendo el reconocimiento efectivo de un derecho inalienable" y señaló que "no se trata de un derecho de la Iglesia como institución", sino "de un derecho humano de cada persona, de cada pueblo y de cada nación".
Asimismo, indicó que es contrario a la dignidad humana restringir la libertad religiosa "al culto o impedir su ejercicio en campos como la educación pública, los medios de comunicación o la participación cívico-política".
"El respeto que el Estado debe a las iglesias, a las asociaciones religiosas y a cada uno de sus miembros excluye la promoción tácita o explícita de la irreligiosidad o de la indiferencia como si al pueblo le fuera totalmente ajena la dimensión religiosa de la existencia", expresó la oficina de prensa.