La imposición por parte del Estado de una asignatura como Educación para la Ciudadanía (EpC) atenta contra la ética y la moral, la democracia y orden constitucional pues discute y pone en cuestión derechos fundamentales, aseguró el Arzobispo de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco.
Después de su intervención en el curso de verano de la Universidad CEU San Pablo la y la Fundación García Morente sobre "Educación para la Ciudadanía", el Purpurado aseguró en diálogo con los periodistas que el problema es "que el Estado imponga una asignatura de esa naturaleza. Es un problema de moral y ética del Estado, y que además tiene que ver con la democracia".
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"Una democracia que funciona bien se fundamenta sobre un reconocimiento previo de esos derechos fundamentales, no los pone en cuestión, no los discute. No se puede pensar que el proceso electoral puede ir bien si las personas que entran dentro del proceso no tienen esos derechos fundamentales reconocidos previamente", dijo el Cardenal.
Respecto a la asignatura, "tal como está configurada en los Decretos", continuó, "se podía desarrollar de otro modo, el programa podía ser otro, desde el punto de vista legal, y podía ser plenamente constitucional". Sin embargo, añadió "el Gobierno lo ha desarrollado de una forma, a mi juicio, no constitucional, sin necesidad jurídica".
Por eso, añadió, "el problema ético, moral, es que el Estado imponga esa asignatura", que sería también ilegal si el programa de la misma fuera "el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia", pues sería "una actuación éticamente no buena".
Si finalmente el Estado impone EpC, agregó, "se saldría de la ética. De la ética natural, una ética accesible a la razón. Se entiende la ética fundamental de un Estado, un Estado democrático de Derecho que se conciba rigurosamente sobre la base de la primacía del imperativo de los derechos fundamentales de la persona humana, en este caso de los padres de familia" concluyó.
Objeción de conciencia
En una ronda de preguntas y respuestas al término de su ponencia de clausura, el Cardenal se refirió a los miles de padres de familia que han ejercido su derecho de objeción de conciencia, afirmando que "demuestran un sentido de sus responsabilidades educativas con respecto a sus hijos de extraordinaria calidad".
"Aportan -prosiguió- un cuantum de moral, de generosidad, de sentido de solidaridad en un asunto de vital importancia para el bien de la persona, de la sociedad, de España y del orden, que hacen crecer la caridad en los aspectos de la vida más delicados y decisivos".