El Ministro de Salud, José Gomes Temporao, ha asegurado esta semana que en su país se practican más de un millón de abortos clandestinos al año, como parte de su estrategia para impulsar la legalización de este procedimiento en el país.
Temporao, que ha reconocido el aborto legal como parte de su agenda, se presentó el lunes en un foro organizado por el diario Folha de Sao Paulo durante el cual cuadriplicó las estimaciones oficiales de su Ministerio sobre la práctica del aborto ilegal.
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Hace unos días, el Ministerio de Salud, con el apoyo de la trasnacional abortista Internacional Planned Parenthood Federation (IPPF), publicó un estudio según el cual cada año se atienden a unas 230 mil mujeres al año en los servicios de salud públicos por complicaciones de abortos clandestinos.
Sin embargo, Temporao dijo que la cifra de abortos clandestinos en el país supera el millón de casos, citando un polémico informe de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro y no los números del Ministerio.
Temporao insistió en que el aborto es un "problema de salud pública" para Brasil. "Yo no admito que digan que el aborto no es un problema de salud pública", afirmó y agregó que "si consideramos que el aborto es un crimen, todos los días 780 mujeres tendrían que ser arrestadas, sin contar sus médicos y, eventualmente, sus compañeros".
El Ministro ha defendido el aborto hasta la semana 12 de gestación y sostiene que solo desde ese momento debería haber protección jurídica para el feto. "Hasta allí, no hay conciencia de sufrimiento o dolor", arguyó.
Como parte de la ofensiva controlista, Temporao también anticipó la inclusión de la píldora del día siguiente en el programa nacional de planificación familiar.
Actualmente, el aborto es legal en Brasil en casos de violación y riesgo de vida para la madre, pero hay proyectos legislativos que buscan ampliar estos motivos.
Caso argentino
Según los mismos analistas, Temporao podría estar emulando a su colega Ginés González, Ministro de Salud de Argentina, quien hace unos meses mintió a la opinión pública al decir que en su país se practican 500 mil abortos clandestinos al año sin ningún respaldo oficial. Luego de una demanda entablada por una organización pro-vida, un fiscal argentino admitió que González mintió pero no incurrió en delito.