La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública una nueva declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) impuesta por el Gobierno español en la que manifiesta su pleno respaldo a recurrir a “todos los medios legítimos” para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, específicamente frente a la asignatura “Educación para la Ciudadanía” (EpC).
Tras señalar la plena vigencia de la anterior Declaración del 28 de febrero, en la que explicaba “por qué esta nueva legislación no regula la enseñanza de la Religión de modo que queden a salvo los derechos de todos y, también, por qué los derechos que asisten a los padres en la educación de sus hijos resultan vulnerados”, la comisión episcopal centra esta vez su atención en la asignatura EpC y en el nuevo estatuto laboral de los profesores de Religión.
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Ante la constatación de que el objetivo de la asignatura de carácter obligatorio, “es la formación de la conciencia moral de los alumnos”, los prelados aclaran que “el Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función”. Con la introducción de EpC, señala la CEE, “el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho”.
Asimismo, la Comisión Permanente constata que esta situación ha puesto en dificultades no sólo a los padres sino también a los centros educativos católicos o inspirados en la doctrina católica puesto que se verían obligados a impartir una asignatura “que no resulta coherente con su ideario”, y, por otro lado, advierte que los centros educativos del Estado –donde estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos– , “perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no elegida por ellos”.
Sobre el “modo adecuado de responder a tal desafío”, el episcopado señala que “los medios concretos de actuación de los que se dispone “son diversos”. Aunque no han querido ni quieren “mencionar ninguno en particular”, –el presente documento no hace mención explícita a la objeción de conciencia–, los prelados sí advierten en cambio que “la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias”.
“Se puede recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego. Los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros. Ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social”, advierten.
La Comisión concluye sentenciando que “cuando está en cuestión un derecho tan fundamental, como el de la libertad de conciencia y de enseñanza, todos –y los católicos, en particular– debemos mostrarnos unidos en su defensa”.
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